Desde hace varios años, Venezuela y el proyecto chavista han entrado en un acentuado proceso de descomposición. A todos los fines prácticos impera en Venezuela un estado de excepción, para hacer frente a una escasez e inflación extraordinarias y a una deuda internacional impresionante. Un sector importante de la burguesía está lucrando como nunca en un mercado negro que no cesa de crecer. La mayor parte de las gobernaciones y aún el gabinete han pasado a manos de funcionarios de las fuerzas armadas. El movimiento bolivariano, que en 2002 quebró la tentativa de privatizar la explotación del petróleo, ha quedado reducido a un antiimperialismo puramente retórico. Como contrapartida, ha ido a fondo en la estatización del movimiento obrero y en la abolición, en los hechos, de la liberta! d de negociación colectiva. Los asesinatos de activistas clasistas continúan impunes y sigue la represión estatal a los movimientos de lucha independientes.
La tentativa de la oposición de derecha de explotar esta crisis extraordinaria en su beneficio fracasó en las elecciones nacionales y municipales últimas. Este fracaso acentuó una división preexistente e impulsó la acción extralegal del ala que impulsa en forma expresa una salida golpista. Los acercamientos del ala componedora, liderada por el ex candidato presidencial, Capriles, convocada por el gobierno sobre temas como las crisis municipales y la seguridad, no condujeron a nada. La expectativa de la llamada “ultraderecha” es crear un impasse político excepcional que provoque, alternativamente, el establecimiento de un régimen de estado de sitio, un golpe militar del propio chavismo o una intervención diplomática internacional – al estilo de lo que ocurre en Ucrania.